El juez Gilmar Mendes del Supremo Tribunal Federal suspendió todos los procedimientos judiciales en el país relacionados con la llamada «pejotização» (contratación de trabajadores sociales). La medida busca uniformizar la interpretación de la legalidad de la contratación de trabajadores como personas jurídicas cuando, en la práctica, presentan características típicas de una relación laboral.
La decisión reavivó el debate sobre el impacto de este modelo en los ingresos de la Seguridad Social. En un dictamen presentado ante la Corte Suprema, la Procuraduría General de la Nación (PGFN) advirtió que la pejotización compromete directamente la financiación del sistema de Seguridad Social y la recaudación tributaria.
Según la agencia, al formalizar la contratación a través de personas jurídicas (PJ), tanto contratistas como profesionales dejan de pagar las contribuciones laborales y de seguridad social, lo que resulta en pérdidas millonarias para el erario público. Se estima que, si este modelo se expande y alcanza a la mitad de los trabajadores formales, el impacto podría superar los R$380 mil millones.
El dictamen destaca también que esta práctica afecta principalmente a los profesionales con mayor cualificación y salario, agravando los efectos fiscales y de seguridad social.
Ante este panorama, es crucial que empresas y autónomos conozcan los límites legales que diferencian la prestación legítima de servicios del empleo encubierto. Existen elementos legales y estructurales que permiten la contratación segura de personas jurídicas, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Por lo tanto, si su empresa trabaja con proveedores de servicios contratados como personas jurídicas, es fundamental revisar estos contratos de forma preventiva.
