El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro confirmó la nulidad de un testamento público debido a la incapacidad mental de la testadora. La decisión unánime se basó en un informe pericial que demostró que la fallecida padecía Alzheimer desde 2009, un año antes de la redacción del testamento, lo que comprometía su capacidad cognitiva. El testamento, registrado en 2010, destinaba un patrimonio al bisnieto de la testadora, pero fue impugnado por otro heredero.
El informe pericial concluyó que, a la fecha del testamento, la testadora ya presentaba graves deficiencias mentales. Pruebas adicionales, como informes y declaraciones médicas, reforzaron la falta de discernimiento suficiente para llevar a cabo el acto. El tribunal confirmó la decisión del tribunal inferior, enfatizando que un testamento, incluso público y otorgado ante notario, puede anularse cuando existen pruebas contundentes de un vicio en el consentimiento.
Este caso refuerza la importancia de buscar asistencia legal antes de redactar un testamento, asegurándose de que se cumplen todos los requisitos legales para evitar futuras disputas y la anulación del documento.
