Las personas con discapacidad tienen derecho a la educación pública gratuita en el sistema educativo municipal y estatal. Los sistemas educativos privados también están obligados a matricular a estudiantes con discapacidad.
Si se deniega la matrícula, lo ideal es, como primer paso, intentar resolver el asunto amistosamente con la institución educativa que se negó a matricular al alumno.
Si la negativa se mantiene, es importante solicitar que se formalice por escrito la posición de la Institución Educativa, para poder informarlo a la Secretaría de Educación Municipal o Estatal (dependiendo de la institución que negó la inscripción).
Como último recurso, es posible emprender acciones legales.
Cabe señalar que la negativa de matrícula por parte de la institución constituye un DELITO y la Ley Berenice Piana establece una multa al administrador escolar que se niegue a matricular a un estudiante con trastorno del espectro autista, o cualquier otro tipo de discapacidad.
