En 2021, la Resolución 155, emitida por el Banco Central, ratificó la posición de que las Instituciones Financieras deben adoptar prácticas orientadas a implementar las normas contenidas en la Ley General de Protección de Datos (LGPD).
Los requisitos incluyen la necesidad de autorización contractual del titular de los datos para el tratamiento de sus datos personales, así como su autorización para su uso con cualquier fin. Además, las instituciones deben mantener una política clara para la eliminación de dichos datos personales en cualquier momento, previa solicitud.
La Resolución del Banco Central entra en vigencia en su totalidad en octubre de 2022, lo que demuestra que las Instituciones Financieras deben estar preparadas para adaptar sus rutinas de cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos.
