El Supremo Tribunal Federal (STF) emitió una decisión en la que declaró constitucional el Acuerdo de Asistencia Jurídica en Materia Penal (AJPM), promulgado por el Decreto Federal nº 3.810/2001.
Este acuerdo tiene como objetivo ayudar a las investigaciones y procedimientos penales brasileños que involucren a personas o activos ubicados en los Estados Unidos.
Con base en la Carta Brasileña de Derechos de Internet, la decisión reconoció que las autoridades brasileñas pueden solicitar información directamente a empresas ubicadas en el exterior, siempre que dicha información esté relacionada con investigaciones criminales, sin que tal situación viole la Ley General de Protección de Datos (LGPD).
