La interdicción es una medida de protección extraordinaria que declara la incapacidad de una persona para realizar ciertos actos de la vida civil. Es una medida excepcional, aplicable solo en casos extremos, cuando la persona es efectivamente incapaz de expresar su voluntad y esta situación le causa perjuicio.

En este caso, se puede recurrir a una acción de interdicción/curatela, en la que se designará un tutor para apoyar a la persona interdicta. La misión del tutor es garantizar los derechos de la persona bajo tutela, asistirla en su toma de decisiones y administrar sus bienes.

La ley establece que la tutela/interdicción sólo afectará los actos relativos a derechos de carácter patrimonial y empresarial y que durará el menor tiempo posible.

Para que se decrete la interdicción es imprescindible interponer una acción judicial y para ello se requiere un informe médico que acredite la incapacidad para realizar actos de la vida civil.

Si la persona no puede contratar un abogado, puede acudir a la Defensoría Pública de su estado u otro canal de asistencia jurídica gratuita.