Desde 2015, con la promulgación del Estatuto de las Personas con Discapacidad, la interdicción ha tenido un competidor importante: la toma de decisiones con apoyo. Esto se debe a un cambio en la capacidad en el Código de Procedimiento Civil.
Antes del Estatuto, la ley consideraba absolutamente incapaces a quienes, por enfermedad o discapacidad mental, carecían del discernimiento necesario para realizar actos de la vida civil, y a quienes, incluso por razones temporales, no podían expresar su voluntad. En otras palabras, muchas personas con discapacidad eran objeto de interdicción innecesaria.
Con el cambio que supone el Estatuto, sólo se consideran absolutamente incapaces los menores de 16 años y se crea también la figura del apoyo en la decisión como alternativa a la interdicción, que es una medida más arbitraria y restrictiva.
El apoyo a la toma de decisiones es un instrumento jurídico opcional que garantiza mayor seguridad y autonomía a las personas con discapacidad. A diferencia de la interdicción, es una acción que la propia persona con discapacidad realiza para designar personas de confianza que la apoyen en la toma de decisiones en asuntos civiles.
La toma de decisiones con apoyo supone un verdadero avance a la hora de garantizar el derecho a ejercer la propia capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás.
