Aprobada a finales de diciembre del año pasado, la Ley nº 14.260/2021 creó el ProRecicle, un programa inicialmente diseñado para estimular las actividades empresariales orientadas al reciclaje de materiales y al uso de materias primas reciclables, mediante la concesión de incentivos fiscales en el ámbito del IRPJ.
El plan inicial consistía en permitir que las empresas que tributaban según el Beneficio Real dedujeran parte de su impuesto sobre la renta (hasta un 1%) en proyectos aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente destinados al desarrollo del reciclaje (formación, investigación y estudios, implementación de infraestructura, etc.). Las personas físicas podían deducir hasta un 6% de su IRPF.
Sin embargo, las disposiciones que otorgaban beneficios fiscales fueron vetadas porque implicaban una renuncia a ingresos sin demostrar su impacto fiscal y presentar contrapartidas que salvaguardaran el logro de las metas fiscales, y por falta de previsión presupuestaria.
Con esto, los programas entregarán a quienes inviertan en proyectos de reciclaje un certificado sencillo de reconocimiento para los inversionistas que contribuyan.
Por lo tanto, las empresas que operan en el sector del reciclaje aún tendrán que luchar en los tribunales para garantizar su derecho a los créditos PIS y COFINS por la compra de residuos o chatarra de plástico, papel o cartón, vidrio, hierro, acero, cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc y estaño, actualmente prohibidos por los artículos 47 y 48 de la Ley n.º 11.196/2005. La buena noticia es que la jurisprudencia favorece a los contribuyentes.
Respecto del ICMS la dificultad radica en la falta de armonización del tratamiento (crédito presunto y diferimiento fiscal).
La planificación fiscal sigue siendo esencial para el sector.
