El 6 de septiembre de 2024, el Supremo Tribunal Federal (STF) inició el juicio del RE 566.471 (Tema 6 RG), proceso en el que se discute el deber del Estado de proporcionar medicamentos de alto costo a quienes padecen una enfermedad grave y no tienen capacidad financiera para soportar los costos del tratamiento.
En sesión realizada el 16 de septiembre, el STF decidió sobre la tesis con repercusión general, en el sentido de que, excepcionalmente, el Poder Judicial puede conceder orden para determinar el suministro de un medicamento registrado en la ANVISA, pero no incorporado a las listas del Sistema Único de Salud, si se cumplen los siguientes requisitos:
– negativa a suministrar medicamentos por vía administrativa;
– Ausencia, ilegalidad o retraso en la incorporación del medicamento por parte de CONITEC;
– imposibilidad de sustitución por otro medicamento incluido en las listas del SUS y en los protocolos clínicos y directrices terapéuticas;
– prueba de la eficacia y seguridad del medicamento mediante evidencia científica;
– tratamiento esencial, comprobado mediante informe médico;
– incapacidad financiera para afrontar el coste de la medicación.
Debido a su repercusión general, la decisión del STF debe aplicarse a casos que aún no han sido juzgados.
