Recientemente, la Secretaría de Hacienda reafirmó una postura que ha generado preocupación entre las empresas: la restricción a la deducción de incentivos fiscales de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas (IRPJ) y de la Contribución Social sobre la Renta Neta (CSLL). Este entendimiento se formalizó en la Solución de Consulta n.º 7022 y en la Ley Declarativa Interpretativa (ADI) RFB n.º 4, publicada el 26 de diciembre de 2024.
La posición del Servicio de Impuestos Federales
Según el IRS, los incentivos fiscales del ICMS solo pueden considerarse subsidios a la inversión —y, por lo tanto, quedar excluidos de las bases imponibles del IRPJ y la CSLL— si se otorgan exclusivamente como incentivo para la implementación o expansión de proyectos económicos. Sin embargo, esta interpretación contradice las normas legales y los acuerdos judiciales establecidos.
La visión de los contribuyentes y la base jurídica
Los contribuyentes argumentan que la restricción impuesta por el Servicio de Impuestos Federales (SIF) viola claramente la Ley Complementaria n.º 160/2017, que considera los incentivos fiscales del ICMS como subsidios a la inversión, independientemente de cualquier contrapartida, como la expansión o la ejecución de proyectos. Esta norma legal busca brindar seguridad jurídica a los contribuyentes al estandarizar el tratamiento fiscal de los incentivos fiscales.
Precedentes judiciales y administrativos
Además, el Tribunal Superior de Justicia (STJ), en una apelación reiterada (Tema 1.182), consolidó su interpretación de que no se puede exigir a los contribuyentes que demuestren que se otorgaron incentivos fiscales para incentivar la implementación o expansión de empresas económicas con el fin de excluirlas de las bases imponibles del IRPJ y la CSLL. De igual manera, el Consejo Administrativo de Apelaciones Tributarias (CARF) ha emitido reiteradamente decisiones favorables a los contribuyentes en casos relacionados con subsidios a la inversión.
Impactos para las empresas
La interpretación adoptada por el Servicio de Impuestos Federales (IRF) podría tener un impacto significativo en las empresas que se benefician de incentivos fiscales estatales. La imposición de requisitos adicionales para excluir estos incentivos de las bases de cálculo del IRPJ y la CSLL representa un aumento de la carga fiscal que, en muchos casos, no se ajusta a la legislación y la jurisprudencia vigentes.
Recomendación: Presentación de medida legal
Ante esta situación, se recomienda que las empresas consideren emprender acciones legales para proteger sus derechos. Estas acciones no solo les permiten revocar la interpretación restrictiva del Servicio de Impuestos Federales (IRS), sino también evitar obligaciones tributarias indebidas y recuperar los montos pagados en exceso.
